¿Venezuela o Suecia?

Un doloroso problema de imagen. Es lo primero que siempre se me viene a la cabeza tras escuchar, con cierta frecuencia, cómo en el resto de España (no sólo en Cataluña) se tacha a los andaluces de pobres, vagos y analfabetos. No importa que esos adjetivos no se correspondan con la realidad. Y seguramente muchos de los que piensan de esa forma lo seguirán haciendo durante toda su vida, se haga lo que se haga. Pero me pregunto si desde Andalucía se puede hacer algo para mejorar esa imagen. No parecen ayudar anuncios como el del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, informando sobre la celebración de un “gran encuentro” entre Andalucía y los países integrantes del ALBA (Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, entre otros, con Iran y Siria como observadores) para “abrir una cooperación directa, no sólo económica sino también política”.

Desde una óptica progresista, nuestros gobernantes se tienen que preguntar si quieren que Andalucía se parezca a Venezuela -donde la renta per capita es de 13.000 euros a pesar del abundante petróleo del que dispone y donde la escasez de alimentos es crónica- o a Suecia -donde la renta per capita es de 42.000 euros y donde los sucesivos gobiernos socialdemócratas han creado un Estado de bienestar que ha posibilitado que su país sea uno de los que tiene el índice de desarrollo humano más alto (indicador que mide la esperanza de vida, la educación y el nivel de vida).

Seguro que el PSOE andaluz tiene muy clara su elección. Y hasta ahora, Griñán ha sido generoso con Izquierda Unida, atendiendo a su peso parlamentario, concediéndole un papel muy relevante no sólo en el organigrama de gobierno de la Junta sino también en el diseño de las políticas realizadas por el Gobierno andaluz. Y es justo decir que algunas de esas políticas impulsadas por la coalición que lidera Diego Valderas, como la expropiación del uso temporal de la vivienda a las entidades bancarias, son justamente lo que muchos ciudadanos -andaluces y del resto de España- están pidiendo a sus gobernantes. Pero no menos cierto es que algunas actitudes de Izquierda Unida, como la alianza política con determinados gobiernos, perjudican la imagen de Andalucía. Como no puede ser de otra manera, es digno de elogio el apoyo económico por parte de la Junta de Andalucía a los ciudadanos cubanos o venezolanos.El rasgo que diferencia a la izquierda de la derecha es la solidaridad con los ciudadanos que más recursos económicos necesitan. Pero otra cosa es compartir con los gobiernos de esos países “elementos de carácter político”, como dice Valderas. La izquierda y el progreso están en Suecia, no en Venezuela.

Disparen a Andalucía

Está de moda. Si tienen algún problema, olvídense del Equipo A. Échenle la culpa a Andalucía. El último en hacerlo ha sido el presidente extremeño, José Antonio Monago, quien ante el enésimo ataque de los nacionalistas catalanes (sí, esos que se gastan el dinero de los contribuyentes en embajadas, en seis cadenas autonómicas de televisión y en repartirse las comisiones de las ITV en vez de en construir hospitales) ha echado balones fuera indicando que son sus hermanos del sur los que gastan más dinero del que reciben. ¿El escenario? Lo han adivinado: Barcelona. Un ejemplo más de la degradación política que se vive en nuestro país y la falta de valores de nuestra clase política.

Monago cree haber hecho bien sus cálculos. Quiere que Extremadura ofrezca una imagen de tierra competitiva y con solvencia económica. Quiere que la percepción que todavía existe en partes de nuestro país sobre las regiones del sur cambie. Al menos en lo que se refiere a Extremadura. Y hay que reconocerlo: su gobierno ha hecho sus deberes económicos. Ha cumplido con los objetivos de déficit. Pero no debe olvidar que el mismo gobierno nacionalista catalán que culpa a Extremadura de sus males -del mismo modo que los xenófobos de la Liga Norte gritan 'Roma ladrona'- es el que ha incumplido esos objetivos de déficit. Ni  tampoco que Extremadura no es limítrofe con Cataluña sino con Andalucía. Ni que buena parte de las empresas extremeñas operan en Andalucía, no en Cataluña. Ni que quien quiere limitar la solidaridad interterritorial (por cierto, tan necesaria para algunas regiones como Extremadura) son los nacionalistas catalanes, no los andaluces.

Un último apunte. Es difícil de entender cuál es la razón de ser de un partido como el PP andaluz, cuyos diputados comparan su tierra con Etiopía y cuyo portavoz parlamentario suscribe la tesis de Monago y de los nacionalistas catalanes cuando echa la culpa a Andalucía de los males catalanes. ¿Era esa la defensa de los intereses andaluces que prometían hace un año en campaña?

Tres comidas al día

Dejaré claro mi posicionamiento político antes de empezar el artículo. Si como parecen indicar los datos aportados por la consejera de Presidencia, Susana Díaz, el problema de pobreza en Andalucía es tal que se necesita la intervención de la Junta para garantizar a través de su red de centros escolares tres comidas al día a los niños en riesgo de pobreza, es imprescindible que se actúe de forma inmediata.

Dicho esto,  el nuevo decreto comporta graves riesgos para la imagen de Andalucía. A diferencia del problema de los desahucios, que se percibe de forma nítida en toda España, no se puede decir que se aprecie la misma situación en lo que se refiere a la pobreza. Existe el peligro de dibujar un retrato de la comunidad a la cola en España y en Europa en lo que concierne a indicadores de inclusión social. Ya hemos visto que no ha tardado ni unas horas el portavoz adjunto del Grupo Popular y diputado por Almería, Rafael Hernando, en comparar, de una forma un tanto mezquina, a Andalucía con Etiopía con fin de erosionar políticamente a los socialistas.

Apuntadas las posibles consecuencias de este nuevo decreto, resolvamos el problema cuanto antes y, si es necesario, extiéndase el modelo a otras partes de España. Como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver…

Andalucía, más gala que nunca

Hace poco más de un año, me plantee cuál debía ser el título del libro que narraba los cuatro meses de campaña permanente transcurridos entre el arrollador triunfo del PP en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 y su amarga victoria en los comicios andaluces del 25 de marzo de 2012. Al haber resultado fructífera la estrategia socialista de contraponer  el modelo social de la izquierda andaluza frente al de la derecha española de los recortes y la reforma laboral -utilizando como referencia la resistencia de Asterix y Obelix frente a los romanos-, decidí titularlo Andalucía, la aldea gala. En aquel momento, sin embargo, no se veía una diferencia real entre ambos modelos sino más bien de discurso.

Tras la aprobación por la Junta del decreto que permite la expropiación temporal del uso de la vivienda para evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión, la situación ha cambiado drásticamente. Es la primera medida que sitúa a Andalucía de forma efectiva en la vanguardia de las políticas sociales en España. Por primera vez, se empieza a observar con claridad dos modelos diferenciados.

Desde algunos ámbitos se señala que el decreto se ha lanzado en este momento para desviar la atención mediática de las últimas semanas sobre el proceso de los ERE. Sin embargo, poco les importa eso a las miles de familias que podrán vivir en las viviendas de las que han sido desahuciadas o a aquellas que estén en proceso de desahucio. Otros dicen que se trata de una medida demagógica y populista. Lo que sí es cierto es que es popular y, permitidme la expresión, aprobada incluso por los propios votantes populares. Según una encuesta de La Sexta, realizado por Invymark, el 83,4% de los ciudadanos está a favor del decreto frente al 13% que se posiciona en contra. Más esclarecedor resulta ver cómo el 61% de los votantes del PP también aprueba la medida. En una situación dramática poco importan las razones de una medida imprescindible.

Por la aportación del decreto andaluz a la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos, es de justicia terminar este artículo con una palabra que hace años que los políticos no escuchan. Enhorabuena.

El enemigo, en casa

Varios medios informativos han insinuado que las declaraciones de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, a Canal Sur situando las responsabilidades políticas del caso de los ERE en los ex consejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, fueron realizadas con el consentimiento de Pepe Griñán.

Sin embargo, vayamos a los hechos. Dos días antes de la entrevista de la consejera en la cadena autonómica, el presidente de la Junta se había apuntado un tanto político al haber sido acusado erróneamente por el líder de la oposición, Juan Ignacio Zoido, de haber incluido a intrusos en unas ayudas públicas realizadas a la empresa Primayor. Tras la posterior rectificación del PP andaluz, la atención mediática se había desviado del asunto del 'fondo de reptiles', centrándose en Bárcenas y la Infanta, con el Partido Popular y la Corona como principales damnificados. Pero las palabras de Martínez Aguayo en Canal Sur colocaban de nuevo a los ERE y al PSOE en el centro del debate sobre la corrupción política en España. Es imposible que una persona con la capacidad estratégica de Griñán hubiese dado su consentimiento a un error de tal magnitud.

Además, como señalan hoy varios medios de comunicación, esas declaraciones suponían un torpedo en la línea de flotación del acuerdo no escrito entre rubalcabistas y griñanistas de no elevar el nivel de responsabilidad política en el caso de los ERE por encima del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero. El propio Griñán ha tenido que desmarcarse hoy públicamente en El País de las palabras de su consejera, calificándolas como declaraciones “a título personal”.

Es comprensible que Martínez Aguayo quiera apartar la responsabilidad política de los ERE de la consejería de Hacienda, de la que su jefe, Pepe Griñán, y ella eran titulares como consejero y vice-consejera. Sin embargo, desde el punto de vista de la comunicación política, es inexplicable cómo el Gobierno andaluz permite que algunos de sus miembros hablen sobre un tema tan dañino para sus intereses como los ERE.

La factura electoral de los ERE

¿Cómo afectan electoralmente los casos de corrupción a los partidos políticos? Si nos atenemos a este exhaustivo análisis de Álvaro Marchante, cada caso de corrupción le cuesta al partido implicado, de media, un 0,3% en el voto directo en el siguiente sondeo del CIS tras la aparición del escándalo en los medios de comunicación. Es decir, la corrupción les sale prácticamente gratis, demoscópicamente hablando.

Pero vayamos a votos reales. Los españoles votan más pensando en su bolsillo, que en el del vecino, llámese éste Bárcenas o Guerrero. A Felipe González no le echó del poder el caso Roldán (que sólo supuso la pérdida de un punto en intención de voto en el siguiente sondeo del CIS) sino la situación económica de España a mediados de los 90. Más cerca aún en el tiempo. El PP amplió su mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómicas de 2011 a pesar del caso Gurtel y el PSOE sigue gobernando en Andalucía pese al escándalo de los ERE. ¿Razones? Los valencianos premiaron la imagen de prosperidad (Fórmula 1 y Copa América, incluidas) de su Comunidad, que luego vimos que no era tal. Los andaluces, por su parte, castigaron en las elecciones autonómicas de 2012 la subida de impuestos de Rajoy (especialmente, los de derechas, que se quedaron en casa) y la reforma laboral (sobre todo, los votantes de izquierdas). Es verdad que los andaluces sí pasaron una pequeña factura electoral al PSOE en forma de 9 escaños y seiscientos mil votos por los ERE, su mala gestión económica y sus conflictos internos. Pero que el escándalo que ha supuesto la mayor fuga de dinero público en España no haya supuesto la pérdida de poder de un partido político de izquierdas -al que se le supone mayor cuidado en el gasto público que a uno de derechas- y que éste perdiese las elecciones por un sólo punto de diferencia respecto al PP es sintomático de hasta qué punto los españoles miran por sus propios intereses económicos.

La última encuesta de El País sostiene que el PP no obtendría ahora mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana, hecho que sin duda se debe más a los duros recortes realizados por Alberto Fabra, tras conocerse el calamitoso estado en el que están las cuentas valencianas, que a la corrupción, que ya fue juzgada electoralmente en 2011 por los valencianos. No es atrevido pronosticar que las nuevas detenciones de la juez Alaya por los ERE tampoco tendrán un efecto electoral reseñable, más aún teniendo en cuenta su coincidencia en el tiempo con un escándalo del PP de gran repercusión mediática como es el caso Bárcenas.

Fumando espero

Tanto El Mundo como los periódicos del Grupo Joly -en la siempre más que interesante columna de Juan Manuel Marqués Perales- apuntan hoy la resistencia de Griñán a la hora de firmar el finiquito de Rubalcaba. En el momento de mayor debilidad del secretario general del PSOE, el presidente de la Junta -su antiguo adversario- no termina de ver claro la conveniencia de poner fin al pacto de agresión firmado con Rubalcaba y forzar su dimisión convocando primarias para elegir a un nuevo líder socialista.

Pero, ¿cuales son las razones que impulsan a Griñán a mantener el status quo? Marqués Perales señala la creencia de la vieja guardia socialista andaluza en una supuesta ambición del presidente de la Junta a liderar el partido en Madrid, no sin advertir que es probable que Griñán no tenga esas aspiraciones en estos momentos. Por su parte, fuentes cercanas a Griñán indican a El Mundo la necesidad de darle más tiempo a Rubalcaba por si su liderazgo se estabiliza, algo que no termina de convencer ya que es difícil que un líder político se mueva sin obtener un beneficio a cambio.

Mientras tanto, no sólo el ala chaconista se está moviendo ante una futura y definitiva crisis que fuerce las primarias. También lo hacen los rubalcabistas. O mejor dicho, los antiguos rubalcabistas. Según cuenta hoy el diario de Pedro J. Ramírez, Patxi López ya cuenta para esas primarias con el apoyo de Chaves y Zarrías -que parecen haberse cansado del pacto de no agresión firmado entre Rubalcaba con Griñán. Y ahí es donde pueden encontrarse las verdaderas razones del presidente de la Junta para no desbancar a Rubalcaba. Para el líder socialista andaluz, Rubalcaba es menos peligroso para sus intereses que López como lider socialista. El secretario general del PSOE es un líder débil, al que muchos españoles ligan con el pasado, y que por tanto necesita contar con la aquiescencia de la dirección del PSOE andaluz para mantenerse como líder socialista. En cambio, López es un político joven, cuyo único pasado ha sido propiciar las condiciones para acabar con ETA.  Por tanto, no tendría la debilidad ni las remoras que tiene Rubalcaba a la hora de impulsar al sector crítico del PSOE andaluz y hacerse así con todo el poder territorial. Además, un nuevo líder elegido a través de primarias vería como algo normal que la elección del candidato a la presidencia del Gobierno andaluz se hiciese también a través de este sistema, algo que supone un peligro para Griñán.

Y mientras Griñán espera hasta el año que viene, el PSOE sigue en mínimos históricos con una intención de voto no superior al 23% y con un líder de quien no se fía el 94% de los votantes, porcentaje superior incluso a la desconfianza que genera el propio Rajoy.